¿Open data sí o no?

La última tendencia tecnológica en las administraciones públicas se llama open data. Es decir, poner información pública en manos de las empresas y particulares para que puedan generar nuevos productos. No es una tecnología novedosa sino que se trata de emplear estándares ya conocidos, como el RDF, y sobre todo de reinventar la Administración para que las cosas que normalmente se hacen sin pensar en su apertura al exterior se conciban de otra manera. Es más una reingeniería que una innovación.

Los gobiernos de Asturias, País Vasco, Canarias y Cataluña, además de los ayuntamientos de Gijón, Zaragoza y Barcelona, son los pioneros hasta el momento en España. Otras administraciones, como la navarra, están trabajando en ello. Les asesora habitualmente el centro asturiano CTIC, convertido en referencia internacional en esta materia.

A nivel mundial el Gobierno de Obama y el del Reino Unido son los más avanzados, aunque en Francia, la patria de la burocracia, se está avanzando a pasos agigantados. Además, en España existe un proyecto de ley sobre “reutilización de la información del sector público” y la UE ha aprobado, en el marco de su reciente plan de acción de e-gobierno, la reutilización de datos públicos para fomentar nuevas aplicaciones como mapas o sistemas de información de viajes.

En cualquier caso, todavía no está claro que todos los datos entregados en open data puedan terminar en un producto nuevo, pero sí que es importante que todas las administraciones empiecen a dar pasos en este campo. Estos son nuestros consejos:

– Empezar a generar catálogos de datos que pueden abrirse. Las estadísticas, la información del tráfico y del transporte público, los datos geográficos y las bases de datos son los más evidentes.
– No todos los datos son interesantes. Aquellos que sólo sean relevantes para la administración, sin ningún interés ciudadano no hace falta que se pongan como open data.
– Los experimentos están tolerados, por lo que se aceptan todos los errores, al igual que sucede con toda la nueva Web 2.0.
– La transparencia es, junto a la apertura, el valor fundamental que sostiene estas iniciativas. Por ello, se debe ser extremadamente cuidadoso con los datos que se suministran, que tendrán que ser completos y fiables.
– Una de las grandes dificultades radica en conseguir que haya empresas o particulares que empleen los datos suministrados en open data. Esto pasa por hacer campañas de divulgación y por organizar concursos entre informáticos al estilo del español Abredatos.
– Hay que pensar en todo tipo de público. No sólo en los informáticos que vayan a utilizar RDF sino también en periodistas y otros profesionales menos técnicos que preferirán un XLS (excel) o su versión de OpenOffice.
– El open data resulta ideal para cosas que se van a actualizar con cierta periodicidad, de tal forma que sirva para actualizar cambios.
– Es fundamental colaborar con otras administraciones para generar catálogos conjuntos que puedan aprovecharse de forma global.
– Es absurdo que la Administración pierda tiempo en desarrollar interfaces de consulta de datos públicos (por ejemplo, vía móvil) cuando existen informáticos y empresas que están deseando disponer de esa información para elaborar sus propios programas de consulta online.
– Es muy importante la puntualidad en la puesta de los datos a disposición del público. Es decir, que no se trata sólo de que estén sino también de que lo hagan lo antes posible.
– En cuanto a la licencia, es fundamental que se entreguen con total libertad de uso y sin contraprestaciones económicas. Esto último es así por su estado digital (la reproducción es gratuita) y por su origen (esfuerzo colectivo con presupuesto público). La legislación que prepara el Gobierno central habla de reconocer siempre el origen de los datos (su autoría), pero esto no tenemos claro que sea realmente tan importante.

La regulación que prepara el Gobierno español, modélica en su preparación en cuanto se ha permitido la participación popular a través de Internet, tiene un prólogo sumamente interesante: “El sector público produce información que los ciudadanos y la industria de contenidos digitales pueden reutilizar como por ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o turística y sobre empresas y educación. La reutilización de esos datos permite además de la creación de nuevos productos y servicios de valor añadido, una contribución a la transparencia en la actuación de las Administraciones públicas como principio básico de la democracia”.

El borrador de ley también es interesante en la medida en que define los principios que inspirarán el funcionamiento del open data en España:
– Se autoriza con carácter general la reutilización de los documentos del sector público, siempre y cuando su acceso no esté restringido por la normativa de acceso (por ejemplo, por razones de propiedad intelectual o de datos personales).
– Las Administraciones informarán sobre los documentos reutilizables de que dispongan, a través de un catálogo público.
– Se definen responsables de cada departamento ministerial u organismo público en materia de reutilización y se establece el conjunto de sus funciones mínimas.

Estos son los principales tipos de datos liberados actualmente en España:
– Agendas de eventos
– Ofertas de empleo público
– Incidencias de tráfico
– Recopilaciones locales de monumentos, restaurantes, hoteles y otra información de interés turístico
– Mapas
– Contratos públicos
– Ayudas y subvenciones
– Datos estadísticos
– Información meteorológica